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CONSUMUR pide al Gobierno Regional que regule la obligatoriedad de que los espacios y centros públicos dispongan de desfibriladores

La organización considera necesario mejorar la información al ciudadano sobre los lugares que disponen de este aparato y su utilización - 15.09.17

La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios CONSUMUR, ante el anuncio del Gobierno de la Comunidad de Madrid de la aprobación del Decreto definitivo que regula la instalación y el uso de desfibriladores externos  fuera del ámbito sanitario, insta al Gobierno de la Región de Murcia a adoptar iniciativas reguladoras de este tipo que garanticen una mayor protección de los ciudadanos ante enfermedades cardiacas. Así, ha traslado por escrito la petición a las Consejerías de Presidencia y Fomento, y Salud de la Región de Murcia.

La Región ya cuenta con una normativa de 2007, modificada en 2011, que regula el uso de desfibriladores semiautomáticos externos por personal no médico, en la que se establece también el mecanismo para acreditar su uso, pero no se dispone de una normativa específica que regule la obligatoriedad de disponer de estos aparatos en determinados lugares, como centros públicos y de máxima afluencia de personas.

CONSUMUR considera necesario que, al igual que en otras comunidades autónomas como Madrid, los centros educativos, aeropuertos, estaciones de transporte, administraciones públicas, centros comerciales, instalaciones deportivas, centros y residencias de mayores, centros de trabajo con una ratio elevada de trabajadores, juzgados, así como cualquier otro lugar de uso público con importante afluencia de ciudadanos, tengan la obligación de disponer de desfibriladores automáticos o semiautomáticos.

Hace unos meses se conoció la instalación de estos aparatos en estadios de fútbol de la Región, así como en determinados edificios de la Administración Pública, y algunos centros educativos, hecho positivo pero insuficiente a juicio de la organización.

Así, se ha de establecer un Plan Regional que garantice una mayor coordinación entre los ayuntamientos, para evitar que municipios dispongan de un volumen razonable de estos aparatos mientras que otros, en especial los más pequeños, no dispongan de ninguno.

CONSUMUR considera necesario mejorar la información al ciudadano, que habría de conocer los lugares en los que se dispone de este aparato, y dotarle de una formación mínima para su uso. Esta formación ya se realiza en la Región, pero la organización entiende que debería tener carácter obligatorio, como mínimo, para el personal de los centros públicos donde se disponga de desfibrilador. En este caso, CONSUMUR considera que inicialmente habrían de estar formadas dos personas de cada centro, número que iría aumentándose a medio y largo plazo.

La organización lamenta que, a pesar de existir un consenso nacional sobre la importancia de la instalación de desfibriladores, dada su probada eficacia ante una parada cardiaca, donde la asistencia en los primeros minutos es vital, no existe una legislación única para todas las comunidades, sino que cada territorio autonómico establece su regulación, existiendo importantes diferencias de unas a otras.