La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor que se celebra hoy, 15 de marzo, ha querido recordar la necesidad, por parte de la Administración Pública, de trabajar verdaderamente en la promoción del consumo, dado que desde siempre ha sido una cuestión infravalorada y continuamente denunciada por la organización.
En este sentido, el Presidente de CONSUMUR, Roberto Barceló Vivancos, ha manifestado que «en nuestra región, en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor (15 de marzo), es mucho lo que está por hacer, pero poco que celebrar, al menos desde Consumur, empezando porque no tenemos una verdadera política de consumo, no hay una línea vertebradora y clara de lo que debería ser un desarrollo integral sobre cuantos temas nos afectan al ciudadano, algunos de gran relevancia y dentro de las competencias que a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa debiera llevar a cabo la Dirección General de Consumo, creada, al menos en esta legislatura como una apuesta independiente y no como apéndice como hasta ahora, en otros espacios compartidos con Artesanía y Comercio, pero aun así con deficitarios recursos económicos y humanos para llevar a cabo tan labor ingente”.
En este sentido, continúa:
“Baste señalar que apenas oscila entre 7 y 9 los inspectores para toda la región, que además sus memorias anuales repletas de miles de inspecciones de productos pero que resulta de un modo lógico imposible aceptarlas, además del reducido número de productos que inspeccionan, y algunas de ellas que solo requieren un inspección ocular rápida como los mejillones, denuncia realizada por nosotros de un distribuidor importante de la alimentación, y a la que tardaron meses en dar una respuesta que ni siquiera había sido fruto de su trabajo, sino decisión tomada por esa empresa, debido a la presión que ejercimos. No hay nunca sanciones ejemplarizantes.
Presupuestos para las organizaciones de consumidores y usuarios (la mayoría existen más en papel que en la realidad), para este año de 80 mil euros (Consumur en 2023, 10 mil euros).
Presupuestos ridículos para el conjunto del servicio.
Junta Arbitral de Consumo, lo único que funcionaba, cada vez más debilitada.
Asociaciones que forman parte del Consejo Regional de los Consumidores y Usuarios, que no existen, pero se les mantiene; Consumur no está en el mismo porque no somos representativos (sic).
Sin desarrollo reglamentario de la Mesa de las Asociaciones de los Consumidores y Usuarios, articulada en Ley a propuesta de Consumur.
Servicios dependientes de esta Dirección General que nadie conoce, además de que su labor es prácticamente nula (Servicio Regional de Defensa de la Competencia).
Falta de auditorías de oficio para conocer la realidad (irrealidad) asociativa, a muchas de ellas se las financian y su labor es solo reflejo de un photocall (elemento decorativo). No se quieren hacer las mismas.
Aportación de documentación falsa por parte de asociaciones que se las declaran más representativas y se sabe que no cumplen los requisitos.
Con el nuevo director general, algunas actuaciones como las que se llevan a cabo estos días con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, están bien, es un escaparate y una forma de visibilizar el consumo, pero eso debe ser en paralelo para desarrollar los grandes temas, tanto los arriba enumerados a modo de ejemplo, como en aquellos otros donde debe llevarse a cabo la verdadera política educativa en los centros (Consumur lo hace), campañas de promoción, concienciación vivienda, sanidad, movilidad, precios, agua…. dentro del margen de las competencias que esta Dirección General tiene.
La política de consumo siempre ha sido una asignatura menor para cualquier gobierno y cualquier partido.»
