CONSUMUR trasladó hace casi un año al Ministro de Consumo su preocupación por el agravamiento de las dificultades de acceso a los servicios bancarios

La organización, que no ha recibido respuesta, lamenta que haya tenido que ser necesaria la campaña de Carlos San Juan para que el gobierno se comprometa a actuar

LaAsociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, pone de manifiesto su decepción por la falta de interés del Gobierno a tomar medidas que frenen las dificultades crecientes de acceso a los servicios bancarios, especialmente de los colectivos más vulnerables como las personas mayores y con discapacidad.

El 21 de abril de 2021, CONSUMUR remitió un escrito al Ministro de Consumo, Albero Carlos Carlos Garzón Espinosa, en el que le trasladaba su preocupación por esta problemática y solicitaba que se establecieran medidas para que todas las personas pudieran acceder a estos servicios. A día de hoy, la organización no ha recibido ninguna respuesta.

Ha sido necesaria la puesta en marcha de la campaña en change.org “Soy mayor pero no idiota”, promovida por Carlos San Juan, un jubilado valenciano que manifiesta sentirse olvidado por los bancos, y la gran repercusión de la misma, para que la Ministra Nadia Calviño se comprometa públicamente a poner en marcha a finales de este mes un plan específico para “humanizar” más a los bancos.

CONSUMUR, que se ha sumado a la campaña firmando la petición, espera que efectivamente así sea, aunque cuestiona que sea una respuesta real al problema.

La organización, en el escrito remitido a Garzón, ponía de manifiesto las importantes consecuencias para los usuarios que tiene la fusión de entidades bancarias, como son el cierre de oficinas, generando un agravamiento de las ya graves restricciones que caracterizan a las entidades bancarias en los últimos años, entre las que podemos destacar la limitación de los horarios de atención presencial y la derivación a los cajeros automáticos o a la banca online.

Estas dificultades de acceso están provocando un aumento considerable de consumidores en situación de “exclusión financiera”.

Por otro lado, CONSUMUR pedía en su escrito que se diera cumplimiento al Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, cuyo principal objetivo es dar respuesta al artículo 51.1 de la Constitución Española, que establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

En este sentido, su artículo primero, establece que tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.

Así mismo, se indica que los poderes públicos promocionarán políticas y actuaciones tendentes a garantizar sus derechos en condiciones de igualdad, con arreglo a la concreta situación de vulnerabilidad en la que se encuentren, tratando de evitar, en cualquier caso, trámites que puedan dificultar el ejercicio de los mismos.

CONSUMUR entiende y apoya los procesos de modernización en la prestación de los servicios, pero en ningún caso los mismos deben de ser excluyentes, sino tender a una tecnología inclusiva y segura. Igualmente éstos deben de ser complementarios a una atención presencial, necesaria especialmente para determinados colectivos vulnerables, como las personas mayores y personas con discapacidad, entre otros.

La organización trasladó al Ministro su voluntad en colaborar en cuantas iniciativas y propuestas de acción se consideraran oportunas llevar a cabo, en aras de garantizar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios.

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