- La organización considera necesario que se hagan públicas las inspecciones que se realizan en todos los sectores de actividades y que la ciudadanía pueda acceder fácilmente
- También insiste en la necesaria ley autonómica de espectáculos y actividades recreativas que regule el régimen de infracciones y sanciones, además de la labor inspectora
La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, a raíz de las noticias que se han ido conociendo estos días, tras el trágico incendio de las discotecas de Las Atalayas, considera necesario no sólo intensificar las labores de los servicios de inspección de las administraciones públicas, sino poner a disposición de la ciudadanía esta información.
Para la organización resulta totalmente incomprensible que las discotecas incendiadas estuvieran en funcionamiento sin la debida autorización del Ayuntamiento de Murcia, y solicitó información para conocer si esta situación irregular era aislada o extensible a otros locales de ocio. Ahora se ha conocido que son más los locales afectados, pero no ha trascendido cuántos ni cuáles son.
Esta situación ha generado una comprensible sensación de inseguridad ciudadana, dado que ha puesto de manifiesto la deficiente actuación de los servicios de inspección, en este caso del Ayuntamiento de Murcia, pero que seguramente podemos hacer extensible al resto de ayuntamientos y a la administración regional. De hecho, una de las principales reivindicaciones de CONSUMUR desde hace años ha sido y sigue siendo el refuerzo de la labor inspectora en materia de consumo.
Necesidad de una regulación específica
La organización ya ha solicitado al Gobierno Regional que se comience a trabajar en una normativa específica del sector de espectáculos y actividades recreativas, en la que se incluyen los locales de ocio, dado que prácticamente la totalidad de las Comunidades Autónomas ya disponen de ella desde hace años. A nivel autonómico la Región de Murcia solamente está regulada la admisión a este tipo de establecimientos, así como su horario.
La Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, en su disposición adicional duodécima, establece “en tanto se apruebe la ley reguladora de los espectáculos y actividades recreativas de la Región de Murcia, los espectáculos y actividades recreativas de carácter habitual, permanente y/o de temporada se someterán, por razones de interés público basadas en la seguridad ciudadana y la protección del medio ambiente, al siguiente régimen de intervención administrativa (…)”, reconociendo por tanto la necesidad de una ley específica del sector.
Ya ha habido dos intentos, en 2019 y 2022, de regular en la Asamblea Regional algunas medidas concretas sobre este tipo de actividades, que fueron rechazadas.
CONSUMUR se pregunta ¿Cuáles son las dificultades para regular un sector tan específico y tan necesario de tener una normativa que aporte claridad, transparencia y seguridad tanto a las administraciones públicas, al empresario como al ciudadano que va a hacer uso de dichos establecimientos de ocio?
Es necesario regular las infracciones y sanciones, además de reforzar la labor inspectora. No es suficiente con determinar a quién compete esta labor sino que se ha de regular un número mínimo de inspecciones anuales, de oficio, con independencia de que se puedan reforzar con más.
Así mismo, CONSUMUR solicita que esa información, en aras de un mayor ejercicio de transparencia de las administraciones públicas, esté accesible a la ciudadanía, como ya se hace en otras comunidades, como es el caso de Madrid. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuántas inspecciones se han realizado en todos los sectores de actividades, cuándo y si pesa sobre ese determinado establecimiento orden de cesión de actividad.
Por otro lado, es necesario regular un plazo máximo razonable de resolución de expedientes de autorización de la actividad, a fin de evitar que se comience a funcionar sin la debida licencia.
Es importante también recordar que las administraciones públicas tienen el deber de atender los requerimientos de información que se tramiten, tanto de la ciudadanía como de las organizaciones de consumidores y usuarios que en este caso representan los intereses de la misma. No es admisible que, en este caso el Ayuntamiento de Murcia, no de respuesta a ninguno de los requerimientos de información que desde CONSUMUR hemos enviado desde el lunes, solicitando datos sobre la posibilidad de que otros locales estuvieran en las mismas condiciones que los afectados por el incendio, como finalmente han reconocido, así como el número de inspecciones realizadas a Teatre desde 2008 hasta 2022.
Las administraciones públicas deben actuar de manera transparente y generar una confianza ciudadana en la labor que se sobreentiende que tienen que realizar.
En este sentido, Roberto Barceló Vivancos, Presidente de CONSUMUR, se pregunta, “Hasta qué punto los ciudadanos debemos de convertirnos en inspectores y asumir unas competencias que les corresponden a las administraciones públicas, que tienen la responsabilidad y la obligación de velar por los intereses de todos los ciudadanos, por su seguridad”.
Igualmente, continúa, “se ha de trasladar un ejemplo en cuanto a hacer las cosas conforme a la ley. Un ejemplo también respecto a las plenas garantías que los ciudadanos debemos tener de unas administraciones en las cuales podemos confiar plenamente, teniendo en cuenta que hemos delegado en ellas mucha parte de nuestra cotidianidad. Desde esa perspectiva hemos confiado en que cuando salgamos a la calle vamos a estar plenamente seguros y no pensando o dudando si puede suceder algo, no de una manera accidental, sino de una manera que podría haberse evitado si hubiera habido las medidas necesarias para ello.
En ese sentido, la democracia profundiza en ella cuando los mecanismos de control, de aplicación de las leyes y sobre todo aquellas que deben de tener un carácter de verdadera significancia, porque estamos hablando de unas situaciones donde la ciudadanía puede ver comprometida su vida, con mayor seguridad las administraciones deberían de actuar”
