La organización manifiesta también su decepción ante el hecho de que no se contemplen compensaciones por las interrupciones del servicio
El próximo 31 de diciembre de 2022 finaliza el período de designación para la prestación de los elementos del servicio universal de telecomunicaciones. El procedimiento para designar a los operadores encargados de prestar este servicio se realiza mediante una licitación pública (ahora mismo, el operador designado es Telefónica).
En este sentido, CONSUMUR, tras conocer el borrador de orden por la que se convoca esta licitación pública, considera que el mismo constituye un retroceso en los derechos reconocidos a los usuarios con la anterior Ley de Telecomunicaciones.
Así, la organización observa cómo, a pesar de haber supuesto una de las mayores exigencias por parte de las asociaciones de consumidores y usuarios, de que la telefonía móvil se incluyera como parte de este servicio universal, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los ciudadanos disponen de dispositivos móviles, sin embargo, se ha limitado sólo a la telefonía fija e internet. De haberse contemplado, supondría una obligación de dar cobertura al conjunto del país y, por tanto, una equiparación real de todos los usuarios, especialmente de aquellos que residen en zonas rurales donde es evidente la discriminación existente, al quedar fuera de determinadas coberturas esenciales, como, entre otras, las de poder contactar con la urgencia e inmediatez precisa con los servicios de emergencia.
CONSUMUR también manifiesta su decepción ante el hecho de que la nueva norma no contemple compensaciones en el caso de que el servicio se interrumpa.
Igualmente, queda suprimido el servicio de información de números de abonado. Para la organización este servicio resulta necesario ya que garantiza a los usuarios más vulnerables, que no saben o no pueden utilizar internet, el que pudieran consultar teléfonos de servicios básicos a través de una numeración gratuita.
En relación a los precios, la nueva norma exige a los operadores que apliquen precios asequibles no solo en relación con los servicios de comunicaciones vocales, sino también por la prestación del servicio de acceso a internet de banda ancha. Sin embargo, CONSUMUR muestra sus dudas de que el nuevo texto aporte soluciones para garantizar el precio asequible a todos los usuarios.
Roberto Barceló Vivancos, Presidente de CONSUMUR, considera que se trata de “una norma que no se ajusta a las necesidades reales de la ciudadanía y que, por tanto, se ha legislado de espaldas a los verdaderos intereses de estos; Intereses que les fueron trasladados en el periodo de consulta por las organizaciones de consumidores y usuarios”.
Para Barceló, continúa, “no cabe la menor duda que estas deficiencias de la Ley, así lo pensamos, no pasará mucho tiempo sin que las mismas sean tenidas en cuenta por cuantos problemas en su ejecución va a tener, ya que no hay un equilibrio entre los operadores y los usuarios de estos servicios, ósea, la mayoría de los ciudadanos”.
