La organización lamenta que hayan primado los intereses de carácter partidista
Numerosas e importantes son las medidas que no han sido aprobadas, algunas de ellas ya estaban en vigor, por la falta de entendimiento entre algunos partidos políticos y el Gobierno de la nación.
Entre otras, están la actualización de las pensiones, o la suspensión del incremento de las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.
Igualmente quedan anuladas las bonificaciones y descuentos en el transporte público, siendo algunas comunidades autónomas en el marco de las competencias que tienen asumidas, las que mantendrán el porcentaje de subvención, como es el caso de la Región de Murcia, cuyo presidente ha anunciado que mantendrá el 20% de bonificación para los bonos multiviaje.
Igualmente, queda anulada la suspensión propuesta hasta el 31 de diciembre de 2025 del procedimiento de desahucio y lanzamientos para personas vulnerables; se suspende también la prórroga del salario mínimo interprofesional, destacándolo entre otras medidas afectadas.
Roberto Barceló Vivancos, presidente de Consumur, considera que “no puede primar por encima de los intereses sociales de los ciudadanos, aquéllos de carácter partidista tanto de quienes han rechazado estas medidas como los del Gobierno de la nación por haberlas presentado de modo que pudiera resultar poco habitual o dudosa la forma, al hacer de forma conjunta medidas muy dispares entre sí”.
Continua el presidente de Consumur haciendo “una llamada al entendimiento y a la reformulación inmediata, mediante consenso, acerca del modo de aprobar, al menos cuanto tiene que ver con las medidas relativas al escudo de protección social, dado que, sobre todo, las personas más vulnerables -las más afectadas por esta situación- no pueden estar al arbitrio de los juegos sucios de la política”.
