La organización considera incomprensible que siendo España un estado aconfesional se continúe financiando a esta Institución a través de los presupuestos generales
La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, lleva años manifestando su postura contraria a la asignación tributaria en favor de la Iglesia Católica, la casilla 105 que los contribuyentes pueden seleccionar como una de las opciones, aunque puede marcar varias, para destinar un 0,7% de la cuota del IRPF, en el momento de presentar la declaración de la renta.
CONSUMUR considera que existe una importante falta de información a los contribuyentes sobre el destino de la cuantía que se recauda marcando cada una de las casillas, especialmente la relativa a la Iglesia Católica, dado que existe la idea generalizada que ese dinero se invierte en la realización de acciones para paliar parte de las necesidades sociales, no siendo realmente así.
A través de la casilla 105 lo que el contribuyente financia es el mantenimiento de la Iglesia, y no la realización de proyectos sociales, para lo que sí se destina lo recaudado en la casilla 106, de Actividades de Interés General. Igualmente, de la asignación de la casilla de fines sociales, también se financian proyectos de organizaciones católicas, por lo que la Iglesia es financiada doblemente, en detrimento de otras organizaciones sociales.
Para la organización resulta incomprensible que el estado español, aconfesional, continúe con esta fuente de financiación, entendiendo que la misma debería ser exclusiva de los fieles, aumentando en todo caso la cuota en su IRPF, y no del fondo común de todos los ciudadanos, cristianos o no, de los presupuestos generales.
Cabe precisar que en la última campaña de la renta, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023 (del 0,7% del IRPF), esta institución recaudó 382.437.998 euros, dinero que sale de sale del dinero de todos, de los Presupuestos Generales del Estado.
Además, es necesario señalar que, de dicho importe, según datos de la propia Conferencia Episcopal, casi el 80% se dedica a pagar los sueldos y Seguridad Social de sacerdotes y obispos, y el resto a financiar a sus medios informativos, así como a campañas de concienciación que muchas veces chocan contra los derechos civiles. No más de 5 o 6 millones se dedican a Caritas, la organización social más importante dentro del seno de la Iglesia, que además, se ve beneficiada por otras cantidades millonarias de la casilla que los ciudadanos marcan por interés social, dado que esta organización también concurre a estas subvenciones.
No olvidemos que también y, por otro lado, los casi 500 millones del IRPF es una parte a la que hay que sumar los más de 11.000 millones anuales que el Estado aporta a la Iglesia Católica por otras vías, incluidas las exenciones fiscales de no pagar impuestos.
Y esto sin tener en cuenta el dinero en ayudas que directa o indirectamente en conceptos múltiples recibe también de Comunidades Autónomas y ayuntamientos de todo el Estado español.
En relación a ello, Roberto Barceló Vivancos, Presidente de CONSUMUR, manifiesta:
“Vaya por delante nuestro máximo respeto a cualquier religión o creencia. Es un asunto que se corresponde con el ámbito privado de cada persona. Pero distinto es cuando con los presupuestos públicos se financia una confesión, como la Iglesia Católica, en este caso, que es la única empresa, entidad o institución que posee una casilla propia en la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por lo que recibe un porcentaje directo (un hecho insólito) de la recaudación que la Agencia Tributaria realiza sobre este tributo. Y, además, sin que dicha gestión le genere coste alguno.
No se le puede negar el derecho a concurrir en igualdad de condiciones, como a cualquier otra entidad o institución, para financiar proyectos sociales, educativos, culturales o de otra índole de interés general, pero los mismos no pueden servir ni para adoctrinar ni para financiar una estructura religiosa. No voy a obviar que el modelo de aconfesionalidad que promulga nuestra Constitución favorece el acuerdo con las distintas religiones de forma proporcional a su influencia social, pero desde una organización que defendemos los intereses generales de los ciudadanos, sin ir contra nadie, intereses basados en aquellos aspectos que tienen que ver con los derechos como consumidores y usuarios (no olvidemos que la educación, la sanidad, la cultura y otros lo son), han de prevalecer por encima de cualquier actividad que podríamos ubicar en el ámbito de la privado, las realice quien las realice, y que no debieran ser financiadas por los Presupuestos Generales de cualquier administración pública y, por supuesto, tampoco del Estado (español).”
