La organización recuerda que la Región de Murcia es la única Comunidad sin esta normativa
La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, ante el rechazo ayer en la Asamblea Regional a la propuesta del PSOE para la elaboración de una ley regional de espectáculos y actividades recreativas, lamenta la falta de voluntad política a regularizar una actividad que, como ya ha sido evidenciado por los trágicos sucesos de las discotecas de Las Atalayas, está sujeta a una gran dispersión normativa.
Para la organización no es suficiente un decreto –ley para el régimen sancionador, dado que no es la fórmula para cubrir el vacío legal existente, sino que se hace necesario unificar todos los aspectos, como así está regulado en el resto de Comunidades Autónomas.
CONSUMUR ya solicitó el pasado mes de octubre al Presidente de a Región de Murcia, así como al Director General de la Administración Local y al Ayuntamiento de Murcia, la puesta en marcha de una Comisión integrada por expertos, funcionarios y profesionales de cuantas materias estén relacionadas con la apertura de locales de ocio, en la que se incluyeran a las organizaciones de consumidores y usuarios, a fin de revisar la regulación vigente y trabajar para reforzar las medidas de seguridad existentes, a través de una normativa específica del sector.
La organización no ha recibido respuesta a ninguno de los escritos, lo que evidencia la falta de interés en esta cuestión.
Roberto Barceló Vivancos, Presidente de CONSUMUR, considera que “la seguridad jurídica y la tranquilidad de los ciudadanos, no cabe la menor duda que se consigue a través de una mayor protección si una ley garantiza estos aspectos. No hay ninguna otra Comunidad Autónoma en el Estado español que no disponga de una legislación propia con rango de ley que garantice que el ocio y la cultura no se conviertan en una actividad humana de riesgo, o que la ciudadana tenga esa impresión y le genere intranquilidad. La dispersión normativa constituye un mayor enrarecimiento a la hora de aplicar la misma, por lo que nos deberíamos preguntar cuál es la dificultad para ajustarnos a una ley propia donde todos los aspectos que conforman este tipo de actividades quedan concentradas y no dispersas y sujetas, por tanto, a una mayor sencillez en su aplicación. ¿Por qué un decreto – ley y no una ley? Una singularidad que se sale de la tónica general del conjunto de las comunidades autónomas que, en ocasiones, nos distanciamos donde no debemos hacerlo.”
